Los inspectores de Hacienda alertan de que no habrá dinero para pagar las pensiones si prospera la financiación catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado(IHE) da un golpe en la mesa y alertan de que el acuerdo del Gobierno sobre la financiación singular de Cataluñadeja a España sin dinero para pagar las pensiones, los intereses de deuda pública o los gastos sociales. Ya advertía en 2024 de las graves consecuencias que tendría. Ven “imposible” aplicar dicho acuerdo“que respondía inicialmente a un acuerdo entre partidos políticos para lograr la investidura del presidente de la Generalitat”, porque supone el principio de la “desaparición del Estado” si se extiende al resto de comunidades autónomas. De nuevo han exigido la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así lo han manifestado en un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde han abundado que tambiénimplicaría la “desaparición” de la Agencia Estatal de Administración Tributaria(AEAT), que quedaría “troceada” y “repartida” entre todas las regiones. Se romperían, bajo su punto de vista, algunosprincipios “básicos” de la Hacienda española, como que el sistema de información tiene que de ser único, que debe existir una caja únicay que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma “integrada”, han argumentado.

Están de acuerdo en que es necesario una reforma del actual régimen“desde hace ya una década”, pero “la solución no puede ser inventarse un nuevo régimen, no contemplado en la Constitución” pero también dejan claro que “es importante advertir que los pasos que se están dando son el inicio del camino para llegar a la plena soberanía fiscal de Cataluña, pasos estos que van a ser irreversibles”.

La devolución de la Renta no sería tan rápida

En concreto, la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría “imposible” porque, bajo su punto de vista, no es “realista”, ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la “rapidez” a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica.

“Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales”, han añadido al respecto.

Aunque han evitado dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, sí han expuesto que, en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 17,47 % del total nacional.Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 provenían de Cataluña.

Consecuencias en la lucha contra el fraude fiscal

El pacto tendría“consecuencias” en la lucha contra el fraude fiscal. Explican que existirían muchos problemas para realizar algunos planes de control, incluidos los más graves, como es la lucha contra las tramas de IVA ydel fraude organizado. Se darían también problemas de deslocalización de las empresas si se fraccionara gestión de los impuestos sobre el consumo. Y existirían también problemas de control de las grandes multinacionales, en la comprobación de los grandes patrimonios, así como en las operaciones de fiscalidad internacional.